La denuncia que pide la nulidad del mega préstamo otorgado por el organismo internacional a la Argentina avanzó en el foro contencioso administrativo. La causa se sustenta en que el Estado no realizó los trámites anteriores a la toma de deuda a los que está obligado por ley.
A comienzos de diciembre, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) fue impugnado en la Justicia a través de dos denuncias. Una en foro penal, y otra en el contencioso administrativo. Ésta última, presentada por el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER), acaba de avanzar.
Esta semana, el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 9, a cargo de Pablo Cayssials, solicitó a la Procuración del Tesoro de la Nación que ejerza la defensa del Ministerio de Hacienda y del Banco Central de la Argentina en la causa que impulsa la nulidad del crédito que la administración Cambiemos pidió al FMI en 2018, así como su posterior ampliación.
“Es una buena noticia, porque el juez entendió que estaba bien lo que estamos solicitando y le está ordenando a la Procuración que informe sobre lo actuado en relación a la deuda externa. La Procuración va a tener que responder al pedido”, indicó Eduardo Murúa, presidente el MNER, en diálogo con Canal Abierto.
La denuncia de que el acuerdo con el Fondo debe declararse nulo se sustenta en que todos los trámites anteriores a la toma de deuda que el Estado debe hacer según la ley, no se hicieron.
“No se cumplió con ninguna de las leyes administrativas que obligan al Estado a realizar distintos informes antes de la toma de deuda. Uno de factibilidad, un informe económico que necesariamente tendría que haber hecho el Ministerio de Hacienda, el informe jurídico previo a la situación del acuerdo –detalla Murúa-. Tampoco hay decreto presidencial sobre el préstamo, y ni siquiera está el informe del Banco Central de evaluación financiera que obliga la ley a hacer para ver cómo afectaba este acuerdo a la balanza de pagos del país”.
Desde el 22 de junio de 2018 al 16 de julio de 2019, ingresaron a la Argentina US$ 44.490 millones. Sólo se utilizaron para pagos de deuda por US$ 28.594 millones. En el mismo período, se fugaron del país US$ 36.380 millones.
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